Puebla, Pue.– Ante el aumento de productos que prometen curar enfermedades sin sustento científico, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para fortalecer la legislación en Puebla y sancionar a quienes engañen a la población con tratamientos o sustancias que representen un riesgo para la salud.
La propuesta plantea adicionar el artículo 404 Bis al Código Penal del Estado y reformar la Ley Estatal de Salud, con el propósito de combatir la comercialización de productos que atribuyan de manera falsa propiedades preventivas, diagnósticas, terapéuticas o curativas con fines de lucro.
De aprobarse, la iniciativa permitiría sancionar a quienes difundan información engañosa sobre la composición, eficacia o seguridad de un producto o tratamiento, así como a quienes oculten deliberadamente los riesgos que éstos puedan representar para las personas. Para configurar el delito, deberá comprobarse que el consumidor fue inducido mediante engaños a comprar, consumir o aplicarse dichos productos.
Además del componente penal, la propuesta incorpora un nuevo capítulo en la Ley Estatal de Salud enfocado en la prevención de riesgos derivados de productos con atribuciones terapéuticas engañosas, el cual contempla campañas informativas, alertas sanitarias, acciones de vigilancia, capacitación al personal de salud y mecanismos para que la ciudadanía reporte productos sospechosos.
La iniciativa también fortalece las facultades de la autoridad sanitaria estatal para investigar publicidad irregular, recabar muestras, solicitar análisis oficiales y dar vista a las instancias correspondientes cuando existan elementos que puedan constituir un delito.
Durante la exposición de motivos, el legislador precisó que la propuesta no busca restringir ni criminalizar la medicina tradicional, la herbolaria o los productos naturales elaborados conforme a la legislación vigente, sino proteger a la población de prácticas fraudulentas que ponen en riesgo la salud y el patrimonio de las familias poblanas.
Con esta iniciativa, el Congreso del Estado abre el debate para reforzar la protección de los consumidores y fortalecer la confianza en los productos y tratamientos que se ofrecen a la ciudadanía.
