Puebla, Pue.– La voz de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas será pieza clave en la construcción de un nuevo marco jurídico nacional. Así lo afirmó la diputada Esther Martínez Romano, quien destacó que la consulta pública permitirá que la futura Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas responda a las realidades, necesidades y formas de organización de estos sectores.
En rueda de prensa, la presidenta de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado subrayó que este proceso de participación busca garantizar que las propuestas de las comunidades sean escuchadas e incorporadas antes de que la iniciativa sea presentada ante el Congreso de la Unión.
La legisladora explicó que la reciente reforma al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que ahora resulta indispensable contar con una Ley General que establezca los mecanismos para ejercer plenamente esos derechos.
Entre los temas que integran la propuesta legislativa destacan el reconocimiento de la libre determinación y la autonomía, la protección de los derechos del pueblo afromexicano, la participación de mujeres, niñas, niños y jóvenes, así como los derechos de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad.
Además, la iniciativa contempla aspectos relacionados con los procesos de consulta y consentimiento, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la creación de mecanismos para garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos.
Esther Martínez Romano enfatizó que las decisiones derivadas de esta legislación tendrán un impacto directo en la organización comunitaria, el acceso a recursos públicos, la participación política y el ejercicio de la autonomía de los pueblos, por lo que consideró fundamental que la ley se construya con la participación activa de las comunidades y no únicamente desde las instituciones.
Como parte del proceso nacional de consulta, Puebla será sede de cuatro Asambleas Regionales, programadas para el 23 de agosto en Tehuacán, el 28 de agosto en San Miguel Canoa, el 29 de agosto en Huauchinango y el 30 de agosto en Cuetzalan del Progreso, espacios donde las comunidades podrán expresar sus propuestas y planteamientos.
La diputada informó que la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas colaborará en la difusión de la consulta entre autoridades tradicionales, comunitarias, agrarias y municipales, además de dar seguimiento a los resultados para impulsar las adecuaciones necesarias al marco jurídico estatal.
Finalmente, sostuvo que una consulta legítima debe garantizar información suficiente, respeto a los tiempos y sistemas normativos de cada comunidad, así como transparencia en la incorporación de las propuestas ciudadanas al proyecto de ley.
